Fiscalía ve contratos adjudicados a exclientes de Daniel Gallardo
Ministerio Público allana oficinas centrales de CNE
Decomisó documentos en un bufete y dos constructoras
Presidente de CNE y proveedora son imputados en causa judicial
La Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y Anticorrupción allanó ayer las oficinas centrales de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) como parte de una investigación sobre las contrataciones por ¢4.012 millones que la entidad adjudicó a exclientes del presidente de la entidad, Daniel Gallardo Monge.
Los allanamientos judiciales incluyeron, además, el bufete de Manuel Pastrana Gutiérrez, compañero sentimental de la jefa de proveeduría de la CNE, y las oficinas de las firmas Constructora Industrial Especializada del Atlántico y Tajo Chirripó S. A., ubicadas en Guácimo y Matina.
En la investigación que impulsa el Ministerio Público sobre las contrataciones de la CNE aparecen como imputados el presidente de la entidad, Daniel Gallardo Monge, y la jefa de proveeduría, Julieta Murillo Zamora.
Durante el allanamiento realizado ayer a las oficinas centrales de la CNE los fiscales registraron la oficina personal de Gallardo, la proveeduría y la contraloría de unidades ejecutoras.
En los cuatro allanamientos, que se iniciaron a partir de las 8:37 a. m., participaron más de 38 personas, incluidos jueces de Limón y San José, fiscales y agentes de la sección de contables del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Ayer por la tarde, al finalizar el allanamiento, Gallardo señaló que ofreció su total colaboración a los fiscales y alegó que, a su juicio, la investigación de la Fiscalía permitirá aclarar que él no ha incurrido en ningún delito.
El ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias Sánchez, se comunicó telefónicamente ayer por la mañana con Gallardo y lo instó a prestar ayuda y colaboración a las autoridades judiciales.
Una investigación de La Nación reveló el pasado 19 de marzo que durante la gestión de Gallardo al frente de la CNE, las empresas de sus exclientes recibieron adjudicaciones de contratos por un total de ¢4.012 millones.
La investigación descubrió, además, que la firma Constructora Industrial Especializada del Atlántico, representada por Martín Irías Hernández, multiplicó su facturación 37 veces durante la gestión de Gallardo.
La empresa pasó de obtener adjudicaciones por ¢34,8 millones en el 2005 a un promedio anual de contrataciones por ¢1.303 millones entre el 2006 y el 2008.
La investigación reveló también que, al asumir la presidencia de la CNE, Daniel Gallardo nombró como jefa de proveeduría a Julieta Murillo Zamora, compañera sentimental de Manuel Pastrana Gutiérrez, quien también laboró como abogado de los empresarios Mario Curbelo e Irías.
El pasado 18 de marzo, luego de ser interpelado por La Nación sobre las contrataciones adjudicadas a empresas de sus exclientes, Gallardo Monge renunció a su cargo como presidente de la CNE y se irá el 13 de abril.
Contraloría señaló falta. Tres estudios elaborados por la Contraloría General de la República (CGR) entre los años 2007 y 2008 cuestionaron los mecanismos de contratación aplicados por la CNE durante la actual administración.
La Contraloría señaló que la Ley exige a la CNE organizar los concursos y luego nombrar a otra entidad pública para que supervisara el avance y ejecución de cada uno de los proyectos.
El propósito es que, si lo necesario para atender una emergencia era construir o reparar un puente, existiera una entidad independiente de la CNE que se encargara de controlar la buena ejecución.
Usualmente, la tarea de convertirse en unidad ejecutora se encargaba a las municipalidades, al Ministerio de Obras Publicas o al Consejo Nacional de Vialidad.
Los estudios de la Contraloría determinaron que, durante esta administración, la CNE se “autonombró” como unidad ejecutora en diversos proyectos.
De esta manera concentró bajo su control la estimación del daño ocasionado por la emergencia, la elaboración de la solución, la organización del concurso de compra y la supervisión del control de calidad de los proyectos.
Según la Contraloría, esta práctica es contraria al principio de legalidad administrativa.
Por esa razón el ente contralor envió una relación de hechos al Ministerio Público para que allí se determine si en esas contrataciones se cometió o no algún delito.
La Contraloría detalló que entre mayo del 2006 y finales del 2008 la CNE se “autonombró” como unidad ejecutora en al menos 10 proyectos cuyos desembolsos superan los ¢3.096 millones.
Las obras en que la CNE se “autombró” unidad ejecutora incluyen la compra de casas y lotes, reparación y construcción de puentes y reparación de caminos vecinales. Colaboró: Laura Iglesias
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